Columna No 10 - Cuando la tierra tiembla, la verdadera prueba es mantener la energía

Por Danny Ramírez, director IPSE

Un terremoto puede durar apenas unos segundos. Pero sus consecuencias pueden prolongarse durante días, semanas e incluso meses.

Colombia lo acaba de comprobar.

El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 y 103 kilómetros de profundidad, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del país. El Servicio Geológico Colombiano lo identificó como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en lo corrido del siglo XXI. Fue sentido incluso en Venezuela, Panamá y Ecuador.

Pero quizá una de las cifras que mejor permite comprender la dimensión de lo ocurrido no está en la escala de magnitud del terremoto, sino en el sistema eléctrico.

En las primeras horas, el evento y sus réplicas dejaron sin energía a más de 1,5 millones de usuarios, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca y Nariño. Cerca de 1.700 megavatios de demanda quedaron desconectados, equivalentes al 18 % del consumo nacional en ese momento.

Ese dato debería hacernos una pregunta mucho más profunda que cuánto duró el movimiento de la tierra:

¿Qué tan preparada está Colombia para mantener funcionando su infraestructura crítica cuando la naturaleza pone a prueba el sistema?

Porque cuando tiembla, la emergencia no termina cuando deja de moverse el suelo.

En esos primeros minutos, los organismos de socorro necesitan comunicarse. Los hospitales necesitan electricidad. Los sistemas de agua necesitan bombeo. Las telecomunicaciones necesitan mantenerse operativas. Los semáforos y centros de control deben continuar funcionando. Las comunidades necesitan información. Y las autoridades necesitan capacidad de coordinación.

Detrás de cada una de esas funciones existe una infraestructura energética que muchas veces damos por sentada.

La electricidad es invisible cuando funciona y extraordinariamente visible cuando falla.

Por eso, la resiliencia energética no debería ser entendida como un concepto técnico reservado para ingenieros o especialistas. Es una condición básica de seguridad para cualquier sociedad moderna.

El terremoto del 10 de agosto nos dejó, además, una segunda lección: el riesgo no desaparece cuando pasa el primer movimiento.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que, después del sismo principal, comenzó una secuencia de réplicas alrededor de San José del Palmar. Al mismo tiempo, identificó un comportamiento sísmico diferente en otras zonas del Chocó, particularmente alrededor de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, donde se ha registrado un enjambre sísmico.

Con corte al 8 de septiembre, el SGC había identificado alrededor de 300 réplicas y más de 1.200 eventos asociados al enjambre sísmico en Chocó.

Y el 14 de septiembre, más de un mes después del terremoto principal, la Red Sismológica Nacional registró cuatro sismos de magnitud superior a 4, todos con epicentro en Istmina.

Esto no significa que pueda predecirse un nuevo terremoto. De hecho, el propio SGC ha insistido en que los sismos no pueden predecirse de manera exacta. Lo que sí puede hacerse es monitorear, estudiar y preparar mejor al país.

Y ahí aparece una palabra que debería ocupar un lugar central en la política energética de Colombia: resiliencia.

Una infraestructura energética resiliente no es aquella que nunca falla. Es aquella que puede resistir una perturbación, aislar las zonas afectadas, mantener los servicios esenciales y recuperar rápidamente la operación.

Eso exige pensar diferente.

Significa fortalecer las redes de distribución. Mejorar los sistemas de automatización y control. Incorporar almacenamiento energético. Desarrollar generación distribuida. Construir microredes capaces de operar de manera independiente cuando una parte de la red principal queda comprometida. Y, especialmente, garantizar soluciones de respaldo para hospitales, centros de atención de emergencias, sistemas de agua, telecomunicaciones y demás infraestructura crítica.

El reto es todavía mayor en las regiones apartadas.

Las Zonas No Interconectadas ofrecen una enseñanza particularmente importante. Allí, la generación solar, los sistemas híbridos y el almacenamiento pueden convertirse no solamente en instrumentos para ampliar el acceso a la energía, sino también en mecanismos para aumentar la autonomía de las comunidades frente a contingencias.

El IPSE ha mostrado recientemente ejemplos concretos de este camino. En el marco de la emergencia provocada por el sismo, reportó la culminación de seis proyectos solares en Cauca, Chocó, Meta y Vaupés, que beneficiarán a más de 600 usuarios en Zonas No Interconectadas. Entre ellos se encuentran proyectos en López de Micay, Riosucio y Taraira.

La lección es importante: descentralizar la generación no significa solamente producir energía de otra manera. También puede significar distribuir el riesgo.

Si una comunidad depende exclusivamente de una infraestructura ubicada a cientos de kilómetros de distancia, una falla en un punto estratégico puede dejarla completamente aislada. Si, por el contrario, existen fuentes locales de generación, almacenamiento y sistemas capaces de operar de manera autónoma, aumenta la capacidad de respuesta.

Eso es resiliencia energética.

Y el terremoto de agosto convirtió ese concepto en una realidad tangible.

La transición energética, entonces, no debería reducirse a una discusión sobre cuántos megavatios solares o eólicos incorporaremos al sistema. También debemos preguntarnos qué tan capaz será ese sistema de responder cuando llegue una emergencia.

Porque una matriz energética moderna debe ser limpia, pero también segura.

Debe ser eficiente, pero también flexible.

Debe producir electricidad, pero también garantizar que esa electricidad llegue cuando más se necesita.

El terremoto del 10 de agosto nos recordó algo que a veces olvidamos en la planificación pública: la infraestructura energética no existe aislada del resto de la sociedad. Está conectada con prácticamente todo.

Cuando falla la electricidad, no falla únicamente un servicio público. Se afecta la capacidad de un hospital para atender, de una comunidad para comunicarse, de una institución para coordinar y de una familia para recuperar cierta normalidad después de una tragedia.

Por eso, hablar de energía también es hablar de gestión del riesgo.

Colombia seguirá siendo un país sísmicamente activo. El SGC mantiene una red nacional de monitoreo que permite estudiar permanentemente estos fenómenos y generar información para la gestión del riesgo y la toma de decisiones.

No podemos decidir cuándo va a temblar.

Tampoco podemos impedir que la tierra se mueva.

Pero sí podemos decidir qué tan preparada estará nuestra infraestructura cuando vuelva a hacerlo.

El terremoto del 10 de agosto ya pasó. Sus réplicas nos recuerdan que la naturaleza continúa moviéndose. Y mientras la tierra tiembla, Colombia tiene una tarea que no puede esperar al próximo gran evento: construir un sistema energético capaz de sostener la vida incluso en medio de la emergencia.

Porque la verdadera prueba de una red eléctrica no ocurre cuando todo funciona normalmente.

Ocurre cuando todo alrededor deja de hacerlo.

Y es precisamente entonces cuando la energía debe seguir ahí: iluminando hospitales, conectando comunidades, bombeando agua y sosteniendo la capacidad de respuesta de un país que necesita, más que nunca, seguir funcionando.