Columna No 11 - La energía también reconstruye

Por Danny Ramírez, director IPSE

Colombia todavía está procesando lo ocurrido el pasado 10 de agosto.

A las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 y 103 kilómetros de profundidad, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del territorio nacional. El Servicio Geológico Colombiano lo identificó como uno de los mayores eventos sísmicos registrados en la historia reciente del país.

Sus consecuencias fueron enormes.

Más de 186.000 personas resultaron damnificadas y, según el reporte entregado por el Gobierno Nacional el 16 de agosto, 120.328 familias habían sido afectadas. Los daños alcanzaron viviendas, escuelas, centros de salud, vías y servicios públicos en diferentes departamentos del país.

La reconstrucción que Colombia enfrenta no es solamente una tarea de cemento, ladrillos y carreteras.

Reconstruir significa devolverle a una familia un lugar donde vivir. A un niño, una escuela donde estudiar. A un trabajador, las condiciones para volver a producir. A un pequeño comerciante, la posibilidad de abrir nuevamente su negocio.

Y en cada una de esas acciones existe un elemento que hace posible que la vida vuelva a funcionar: la energía.

Durante las primeras horas posteriores al terremoto, más de 1,5 millones de usuarios quedaron sin servicio de energía y cerca de 1.700 megavatios de demanda fueron desconectados, equivalentes al 18 % del consumo nacional de ese momento.

La cifra demuestra algo que no siempre vemos cuando la energía está disponible: detrás de cada bombillo encendido existe una cadena de actividades económicas y sociales que dependen de ella.

Una escuela necesita electricidad para funcionar.

Un puesto de salud necesita electricidad para atender.

Una tienda necesita electricidad para conservar sus productos.

Un emprendimiento necesita electricidad para producir.

Una familia necesita electricidad para recuperar, poco a poco, su normalidad.

Por eso, cuando hablamos de reconstrucción, también tenemos que hablar de infraestructura energética.

Y tenemos que hacerlo pensando no solamente en recuperar lo que existía antes del terremoto, sino en construir algo mejor.

Esta emergencia nos plantea una oportunidad para incorporar soluciones más eficientes, sostenibles y resilientes en los territorios que históricamente han enfrentado mayores brechas.

En el IPSE tenemos una responsabilidad concreta frente a ese desafío: contribuir al cierre de las brechas energéticas de las Zonas No Interconectadas y acompañar a las comunidades que durante décadas han esperado soluciones que respondan realmente a sus necesidades.

Nuestra experiencia demuestra que llevar energía a un territorio no consiste únicamente en instalar infraestructura.

Consiste en generar capacidades.

Cuando una comunidad tiene energía confiable puede conservar alimentos, refrigerar medicamentos, fortalecer sus servicios de salud, mejorar las condiciones de sus escuelas, desarrollar actividades productivas y crear nuevas oportunidades económicas.

La energía se convierte entonces en una herramienta de transformación territorial.

Y eso es especialmente importante en las Zonas No Interconectadas.

En agosto, en medio de la emergencia nacional, el IPSE culminó seis proyectos de energía solar en Cauca, Chocó, Meta y Vaupés, que beneficiarán a más de 600 usuarios. Los proyectos están ubicados en Caloto, López de Micay y Silvia, en Cauca; Riosucio, en Chocó; Uribe, en Meta; y Taraira, en Vaupés. En conjunto, tienen una generación proyectada de más de 1.200 MWh al año.

Estos proyectos representan algo más que una cifra.

Representan familias que pueden contar con un servicio eléctrico confiable. Representan comunidades rurales que pueden ampliar sus posibilidades productivas. Y representan una manera distinta de entender la infraestructura energética: como una inversión directamente relacionada con la calidad de vida y el desarrollo.

La reconstrucción del país debe aprovechar esa experiencia.

Si vamos a reconstruir escuelas, preguntémonos cómo garantizar que tengan energía confiable.

Si vamos a reconstruir centros de salud, pensemos en sistemas que puedan mantener servicios esenciales ante futuras contingencias.

Si vamos a recuperar actividades productivas, incorporemos soluciones que permitan reducir costos y aumentar la autonomía energética cuando las condiciones técnicas y territoriales lo permitan.

Y si vamos a reconstruir comunidades enteras, hagámoslo con una visión de largo plazo.

Porque reconstruir exactamente lo que teníamos antes no siempre significa reconstruir mejor.

La tragedia también debe dejarnos aprendizajes.

Uno de ellos es que la descentralización energética puede convertirse en una herramienta de resiliencia. Los sistemas solares, las soluciones híbridas, el almacenamiento y otras tecnologías pueden permitir que determinadas comunidades cuenten con fuentes locales de generación y reduzcan su vulnerabilidad frente a interrupciones de la red principal.

No se trata de reemplazar una tecnología por otra por razones ideológicas.

Se trata de utilizar la solución que mejor responda a las características de cada territorio.

Cada comunidad tiene una geografía diferente. Una demanda diferente. Un potencial energético diferente. Unas necesidades sociales diferentes.

La política energética debe partir de esa realidad.

Y también debe partir de una responsabilidad fundamental: cada peso público debe traducirse en el mayor bienestar posible para los ciudadanos.

Por eso, la discusión energética debe superar las etiquetas.

No se trata solamente de hablar de energía limpia.

Se trata de hablar de energía que funcione.

De energía que sea sostenible financieramente.

De energía que llegue donde todavía no llega.

De energía que reduzca brechas.

De energía que permita producir.

De energía que acompañe la recuperación de una comunidad después de una emergencia.

Hoy Colombia está reconstruyendo.

El Gobierno Nacional ya inició esa fase y ha puesto en marcha medidas para acelerar la recuperación de vivienda, infraestructura y territorio en las zonas afectadas. A mediados de septiembre ya se había entregado, además, la primera vivienda reconstruida para una familia damnificada en Quibdó.

Pero reconstruir no puede significar únicamente volver a poner de pie lo que se cayó.

También significa preguntarnos cómo queremos que funcionen esos territorios durante los próximos 20, 30 o 50 años.

El terremoto nos recordó que la vulnerabilidad no se mide únicamente por la resistencia de una edificación. También se mide por nuestra capacidad de mantener funcionando los servicios que hacen posible la vida.

Y allí la energía tiene un papel fundamental.

Porque una comunidad con energía puede volver a producir.

Una escuela con energía puede volver a enseñar.

Un centro de salud con energía puede volver a atender.

Una familia con energía puede empezar a recuperar su normalidad.

La reconstrucción de Colombia será una tarea enorme.

Pero también puede convertirse en una oportunidad para cerrar brechas históricas y construir territorios más fuertes, más sostenibles y mejor preparados para el futuro.

Desde el IPSE queremos aportar desde nuestra competencia y nuestra experiencia, llevando soluciones energéticas a quienes más las necesitan y acompañando la transformación de las regiones que durante años han esperado una respuesta.

Porque cuando reconstruimos una casa, recuperamos un techo.

Cuando reconstruimos una escuela, recuperamos un lugar para aprender.

Cuando reconstruimos un centro de salud, recuperamos la posibilidad de cuidar.

Pero cuando llevamos energía a una comunidad, ayudamos a recuperar algo todavía más grande:

su capacidad de volver a ponerse de pie.

La energía también reconstruye.