Columna del Director - Tarifas diferenciales en Colombia, ¿por qué?

Por Danny Ramírez, director IPSE

Hablar de tarifas de energía en Colombia es, inevitablemente, hablar de desigualdad. En mis recorridos por los territorios, casi siempre escucho a familias en distintas regiones preguntarse por qué pagan más por un servicio que, en teoría, debería costar lo mismo para todos. La respuesta no es simple, pero sí es clara: las tarifas revelan las asimetrías históricas de nuestro país. Y si queremos construir un 2026 más justo, debemos entenderlas sin rodeos.

Nuestro Colombia es un territorio extraordinario, pero profundamente diverso. Llevar energía a una ciudad compacta como Bogotá no exige lo mismo que hacerlo en zonas rurales donde las casas pueden estar separadas por kilómetros, atravesando ríos, selvas y montañas. Esta dispersión hace que la infraestructura de distribución (postes, transformadores, redes y subestaciones) sea más extensa, más compleja y, por supuesto, más costosa. En términos simples: llevar energía a lo profundo del país siempre ha implicado un esfuerzo mayor.

A esto debemos sumar un elemento técnico que pocas veces se explica con suficiente nitidez: la composición de nuestra matriz energética. Aunque dependemos en gran medida de la generación hidroeléctrica, limpia y relativamente económica, durante sequías como las asociadas al fenómeno de El Niño,  las regiones deben recurrir a plantas térmicas, mucho más costosas de operar. En esos periodos, el precio mayorista de la energía sube para todos, sin excepción. Y mientras el clima se vuelva más impredecible, estas variaciones seguirán siendo un desafío nacional.

Hay un tercer factor que distingue a Colombia del resto de Latinoamérica: somos el único país de la región donde el Estado no se había tomado al tarea de regular el precio de la energía. Históricamente Las tarifas se han formado en el mercado, sujetas a las dinámicas de oferta y demanda. Cuando todo funciona bien, este modelo es eficiente. Pero cuando hay crisis climáticas, incertidumbre o presiones regionales, el mercado no siempre protege al usuario final. Afortunadamente, durante el 2025 el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, empezó a tomar cartas en el asunto y le están apostando a la regulación.

Pero aquí, como en el juego de mesa, “Todos ponen” y sí, todos han contribuido a la diferenciación tarifaria, por ello, a esta dinámica, debemos sumar otros dos elementos que golpean especialmente a ciertas regiones: las pérdidas de energía, que incluyen hurto y que se trasladan a quienes sí pagan, y el consumo intensivo asociado al calor extremo, que obliga a miles de familias a usar aire acondicionado no como un lujo, sino como una necesidad para vivir dignamente.

Como ven, en la inequidad tarifaria energética influyen muchos factores, pero entender este panorama no debe llevarnos a la resignación, sino a la acción. Porque detrás de todas estas variables técnicas hay vidas reales: estudiantes que no pueden usar un ventilador para hacer tareas, comerciantes que pierden ingresos por facturas impagables, familias que destinan una parte desproporcionada de su salario solo para tener energía.

Desde IPSE, conocemos esa realidad de cerca. Somos la entidad que llega donde ningún sistema convencional puede hacerlo; la que instala soluciones solares individuales en casas donde nunca había existido un interruptor; la que acompaña a comunidades alejadas para que la energía no sea una aspiración sino un derecho cumplido. Y sabemos algo que el país debe asumir con mayor determinación: las soluciones renovables bien diseñadas no solo son más limpias, son también más baratas y más justas para quienes han esperado décadas por un servicio digno.

Si Colombia quiere avanzar hacia una transición energética real, 2026 debe ser el año en que dejemos de normalizar la desigualdad en las tarifas. Regular con mayor claridad, diversificar la matriz, fortalecer la infraestructura en las regiones dispersas y acelerar la implementación de soluciones solares y sistemas híbridos no son decisiones técnicas: son decisiones éticas.

Porque al final, la energía no es solo un servicio. Es la luz con la que un niño estudia, la conservación de los alimentos de un hogar, la seguridad de un centro de salud, la oportunidad de un pequeño negocio. Es, en esencia, la posibilidad de vivir con dignidad.

Y ese debería ser el costo más bajo y más igualitario de todos: el de la esperanza.